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2014- Amnistía Internacional: "Exigimos a los Gobiernos que deroguen las leyes discriminatorias". Imprimir E-Mail
2014- Amnistía Internacional: "Exigimos a los Gobiernos que deroguen las leyes discriminatorias".

En diciembre de 2005, Trabajadora entrevistaba a la Sección Española de Amnistía Internacional para los asuntos relacionados con las mujeres en relación a la falta de protección ante la violencia de  Género en nuestro país. Nueve años después, le pedimos al Equipo de Mujeres y Derechos Humanos de Amnistía Internacional que nos cuente cuáles son sus principales preocupaciones en relación a la falta de protección y a la falta de reparación, ante la violencia de género, por parte de los Gobiernos. Estas son sus aportaciones. Gracias a Amnistía Internacional.



LA  Violencia contra las mujeres y niñas es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual. Afecta a derechos tan básicos como la vida, la integridad física, la libertad personal, el derecho a no sufrir tortura, a moverse libremente sin tener que huir del trabajo o del entorno habitual. Esta violencia adopta múltiples formas y la ejerce no sólo la pareja, también otras personas e incluso el Estado. Entenderemos mejor esta afirmación con algunos casos sobre los que Amnistía Internacional está movilizándose actualmente. La prohibición total del aborto en El Salvador es equiparable a la tortura. Niega el acceso a un aborto legal y seguro a mujeres cuya vida está en peligro y a niñas que han sido violadas; incluso ante un aborto espontáneo, las mujeres pueden ser condenadas hasta a 50 años de cárcel. En Argelia y Túnez se violenta la dignidad física y moral de las mujeres y las niñas porque el código penal permite que el violador se libre de condena si se casa con la víctima. Marruecos modificó en enero una disposición similar, si las víctimas son menores, por la presión internacional. En Sudáfrica el control de la sexualidad de las mujeres se utiliza por los maltratadores para justificar la violencia de género. Los Gobiernos son responsables y les exigimos que deroguen las leyes discriminatorias, protejan a las mujeres, persigan a quienes ejercen la violencia, y garanticen una justa reparación.

Sabemos que la ley sólo no basta para erradicar la violencia contra las mujeres. La responsabilidad de los Gobiernos no termina cuando el Parlamento aprueba una ley, después hay que cumplirla, dotarla de medios, evaluarla, y si esto no se hace, la ley queda devaluada, como muestra el caso de España. En el décimo aniversario de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, la realidad no nos permite celebrarla plenamente porque los datos dicen que algo no está funcionando. Desde enero de 2003 hasta ahora han sido asesinadas 756 mujeres pero, paralelamente, se archivan más procedimientos por no quedar acreditados los hechos –desde la creación de los Juzgados de Violencia en 2005 y hasta 2013 han aumentado los casos archivados un 158%- y descienden año tras año las denuncias, las órdenes de protección y el porcentaje de sentencias condenatorias –estas últimas representaban el 50% en 2012, diez puntos menos que en 2006.

Hay que leer bien estas cifras para poder evaluar toda la estrategia adecuadamente. Ya no es suficiente con hacer un llamamiento a las propias mujeres para que denuncien, sino que habrá que preguntarse por qué no lo hacen. No debería considerarse que la causa única es la inseguridad, el miedo y las represalias de los agresores, y evaluar si no existen otras barreras relacionadas con la aplicación y  exigencias de la propia ley, si no falla la atención y asesoramiento que reciben las mujeres cuando van a denunciar. Porque si es así, quienes tienen la responsabilidad de actuar de otra forma son las autoridades involucradas.

Amnistía Internacional recogió el testimonio de Caren , una mujer ecuatoriana de 28 años que reside en España en situación irregular. Denunció la violencia sobre ella de su compañero y obtuvo una orden de protección judicial. En enero de 2012 acudió a una comisaría para informarse de su plan de seguridad, pero la policía la detuvo, contraviniendo lo previsto en la ley de extranjería que impide la expulsión si hay una orden de protección, y sin permitirle contactar con su familia la expulsaron a Quito. Caren regresó tras recibir una autorización de estancia de las autoridades españolas y costear su madre el billete de avión gracias a préstamos de amistades.

Nos preocupa que si las víctimas no aportan las pruebas para acreditar mínimamente los hechos, el caso puede ser sobreseído sin apenas investigación de oficio por los juzgados. Constatamos escasa diligencia de la Fiscalía si la violencia denunciada no es tan evidente y su acreditación requiere mayor actividad probatoria. Y se lanza una sospecha generalizada al decir que muchas de las denuncias presentadas ante los Juzgados de Violencia de Género pretenden conseguir una posición ventajosa en la separación o el divorcio, a pesar del desmentido de los datos de la Fiscalía General del Estado –de las 657.084 denuncias presentadas entre 2009 y 2013 sólo 33 terminaron con una condena de denuncia falsa.

Lourdes, otra víctima de grave agresión física, cuya denuncia fue archivada sin investigación de oficio, nos dijo: “La abogada no hizo nada, absolutamente nada. Ellos aportaron esas testigos y ella nada. Tampoco sé si me pidió la orden de protección. E incluso me dijo: '¿sabes que mentir está penado?' Como reprochándome estar mintiendo en la denuncia”.

La situación se puede agravar con el Proyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima de Delito. Hemos reclamado que se elimine el artículo 35, que contempla la “obligación de reembolso” de cualquier ayuda recibida si se archiva o no prospera la demanda, por lo que las mujeres que han sufrido violencia no sólo no obtendrían justicia, sino que serían culpables de un delito y perseguidas por el Estado hasta conseguir la devolución económica recibida. Además, se equipara el sobreseimiento o la sentencia absolutoria a la denuncia falsa, lo que dejaría a muchas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

El pasado 4 de agosto el Comité para la Eliminación de la  Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenó al Estado español por no actuar diligentemente en el caso de Ángela González. Los jueces omitieron más de 30 denuncias por maltrato y obligaron a que su hija de siete años cumpliera el régimen de visitas, pero en una de ellas su padre la asesinó. El CEDAW se ha preocupado por las actuaciones judiciales en España y por la falta de protección a las víctimas y su reparación. Ha insistido en que se deben considerar los antecedentes de violencia de género en los procedimientos de custodia y régimen de visitas de los niños y niñas, y ha dado seis meses al Estado español para tomar las medidas necesarias para reparar a las víctimas. Estos pronunciamientos de Naciones Unidas son una buena noticia para la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ahora el Gobierno debe poner en práctica las exigencias señaladas.



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